Velasco, gobierno agotado

Por Edgar Hernández

Al gobernador Manuel Velasco se le está yendo Chiapas de las manos; si no es que ya se le fue y lo que estamos presenciando son las ominosas manifestaciones de la fase terminal de un gobierno que nació condenado a una muerte prematura.

A tres años y medio de haber iniciado su administración con un alto grado de legitimidad en las urnas, hoy ese capital político parece dilapidado y la percepción generalizada es de un gobierno inoperante que va en caída libre sin posibilidad de asirse a un risco que amortigüe el golpe.

Velasco nunca pudo deshacerse completamente de la sombra de su antecesor Juan Sabines, cuyo secretario particular Héctor Luna y procurador Raciel López Salazar, siguen en sus mismos puestos. Por ese pernicioso tutelaje tampoco pudo formar un gabinete capaz, acorde a las expectativas del momento, y su equipo terminó por ser la expresión de los compromisos políticos adquiridos en campaña que a final de cuentas sus integrantes están respondiendo más a esas lealtades que al gobernador.

En el terreno económico, particularmente en el ejercicio del presupuesto, las corruptelas prevalecieron, e incluso hay quienes aseguran dentro del sector privado que las de este gobierno superaron a las del anterior. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública 2014 por más de 4 mil millones de pesos, son sólo una muestra de las persistentes irregularidades en el manejo de los recursos federales.

Si ya el gabinete era un ejemplo de falta de cohesión por ser la manifestación de las cuotas de poder, la decisión de consolidar un gobierno mediático enfocado a las acciones oficiales asistencialistas en detrimento de la autoridad política, generó en el entorno cercano del gobernador –incluso el familiar— el surgimiento de poderes paralelos que fragmentaron, metieron en conflicto y debilitaron el ejercicio gubernamental. La impresión que queda es que no hay mando ni operación política y el estado va dando tumbos hacia la ingobernabilidad.

En un estado donde los siete consejeros electorales son echados por no hacer cumplir la ley en los comicios locales del 2015 y donde el principal infractor y beneficiario de esas irregularidades fue el partido en el poder, habla muy mal del Ejecutivo estatal a quien se le puede señalar de omiso, negligente y, si vamos más lejos, de promotor o cómplice de prácticas ilegales como la violación generalizada a la paridad de género en las candidaturas, o el fraude en la elección del diputado  migrante, por cierto también militante del Partido Verde Ecologista de México.

Y en un estado donde los bloqueos carreteros son el pan de cada día, donde al presidente del Congreso y a otros diputados se les puede “secuestrar” para negociar la renuncia de una alcaldesa, donde la presión de un paro generalizado del “pulpo” del transporte obliga al cambio del secretario del sector, y donde con increíble facilidad organizaciones inconformes pueden quemar presidencias municipales y alentar el saqueo de establecimientos comerciales, la percepción más evidente es que Chiapas está al borde de la anarquía.

Y a esto habría que sumarle el inflamable conflicto magisterial, el cual ha aportado desde hace tres semanas su alta cuota de tensión, violencia e irritabilidad social por la alteración de la vida cotidiana a causa de los bloqueos y marchas en las principales vías de la capital chiapaneca. Este problema, además de abonar a la inestabilidad del estado, ha dejado entrampado al gobernador pues por un lado tiene que cumplir con su compromiso de apoyar –presencia de Policía Federal incluida— la Reforma Educativa que impulsa el presidenciable Aurelio Nuño y, por otro, intentar mantener una relación controlada con la Sección 7 del SNTE que le permita estabilidad política y regularidad del ciclo escolar. Sin embargo, lo más probable es que se acentúe la apreciación de que más que aliado de los maestros se le identifique como un cercano adepto a la reforma “punitiva”, pues sus llamados a que los docentes regresen a las aulas han sido olímpicamente ignorados.

En la vorágine social y política de estas semanas, el gobernador Velasco se está quedando solo. Nadie de su gabinete sale a defenderlo, ni a él ni a su gobierno. Todos hacen como que no pasa nada, pese a que las señales de ingobernabilidad saltan por todos lados. Hace dos semanas convocó a una amplia mesa estatal de diálogo para intentar hacer frente a la crisis, pero salvo algunos senadores y diputados federales, pocos han tomado con seriedad esa iniciativa.

En este contexto, Velasco está en una posición vulnerable. Quizá su defenestración no sea lo deseable, pero no deja de ser una de las posibles salidas ante la crisis. Su permanencia depende de varios factores, sobre todo del apoyo del poder político central y de fuertes grupos económicos nacionales y locales. Los próximos meses serán decisivos para conocer el destino del gobierno emanado de la alianza PVEM-Partido Revolucionario Institucional. En el mejor de los casos, el futuro no va más allá de lograr su continuidad hasta el 2018, intentando recomponer lo que se ve ya como un gobierno agotado.

edgarhram@hotmail.com

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