Sin concesiones, minera canadiense busca extraer recursos en Puebla

La minera canadiense Almaden Minerals continúa con sus operaciones de exploración en el Proyecto Ixtaca, ubicado en Puebla, para proceder con la extracción de oro y plata sin tener el título de concesión desde hace dos años, y tampoco otorga la información completa sobre sus acciones a las autoridades mexicanas mientras cotiza una nueva fase de expedición, a pesar de que enfrenta un recurso legal interpuesto por comunidades indígenas de la zona, denunciaron organizaciones y pobladores afectados.

De acuerdo con los habitantes del municipio afectado de Ixtacamaxtitlán, las violaciones cometidas por la empresa, entre las que se incluye su negación a realizar la consulta previa e informada a las comunidades indígenas, cuentan con el respaldo de los tres niveles de gobierno mexicanos, especialmente las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Economía, la Procuraduría General de Protección al Medio Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señalaron.

La actividad minera en la región afecta a por lo menos 15 comunidades indígenas, cuyas tierras de cultivo y otras actividades productivas ahora forman parte del proyecto minero a cielo abierto, señaló Alejandro Marreros de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua.

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Añadió que, debido a la cercanía del proyecto al río Apulco, un caso de derrame de desechos tóxicos o material de extracción químico afectaría 200 kilómetros, hasta su desemboque en el río Tecolutla y llegada al Golfo de México.

Por otra parte, los riesgos a la salud que implica la actividad minera en el municipio son “graves”, pues fácilmente pueden generarse enfermedades y otros padecimientos por la ingestión, inhalación y contacto con la piel de sustancias peligrosas y de alteración del medio ambiente, destacaron el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) al citar los resultados de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) realizada en el lugar.

Por ello, la población afectada junto con las organizaciones, entres las que se encuentran el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder) y la Unión Ejidos, llamaron a la Semarnat a que no otorgue más permisos a la minera canadiense y a la Profepa a que interponga sanciones a Almaden Minerals por las irregularidades.

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