Reprueban auditorías de estados; órganos de fiscalización, sin resultados

Se quejan de falta de recursos humanos, materiales y económicos para poder cumplir con su encomienda

11/01/2017 05:34  Leticia Robles de la Rosa y Tania Rosas

CIUDAD DE MÉXICO.

Por carencia de recursos económicos y humanos, o por la sujeción al gobierno en turno, la mayoría de los órganos de fiscalización de las entidades federativas del país fallaron en la detección de los hechos de corrupción de las instituciones locales, pues hubo casos en los que ni siquiera reportaron anomalías,  pese a los contrastes con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En octubre de 2016, José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reveló que tres cuartas partes de los órganos de fiscalización superior en los estados reprobaron en materia de autonomía, uno de los principios básicos para revisar la correcta aplicación de los recursos públicos locales.

“Tres cuartas partes de las entidades de fiscalización superior subnacionales obtuvieron una puntuación de cinco o menos en el tema de la autonomía”, lanzó al presentar el estudio El Sistema Nacional de Fiscalización de México. Fortaleciendo la Rendición de Cuentas para el Buen Gobierno.

El fenómeno de ineficiencia en la revisión de las cuentas estatales llevó a que  órganos fiscalizadores en Chihuahua, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Zacatecas y Durango no detectaron irregularidad alguna, a pesar de los señalamientos públicos contra funcionarios.

“La evaluación del desempeño, eficacia y economía en el cumplimiento de los programas aprobados en los presupuestos, no fue posible llevarla a cabo dadas las carencias tanto de recursos humanos, materiales y financieros adicionales enmarcados en una auditoría de desempeño, mismas que requieren de una estructura operativa mayor a la que actualmente existe en esta Auditoría Superior del Estado, por lo que el cumplimiento de este objetivo estriba en el incremento del presupuesto asignable a este órgano”.

Con esta explicación, contenida en el cuerpo conclusivo de sus revisiones anuales, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, presentó durante años un trabajo que validó plenamente la forma en que el gobierno de Roberto Borge utilizó los recursos estatales, a pesar de que desde hace años existen señalamientos de excesos de gastos injustificados.

El gobierno que encabeza Carlos Joaquín presentó denuncias de hechos en contra de la administración de su antecesor, por un daño patrimonial de dos mil 388 millones 296 mil 558.99 pesos, mientras que la ASF detectó simulación de reintegros por tres mil 279 millones de pesos y tiene en revisión el manejo de otros dos mil 98 millones 500 mil pesos, ambas cantidades provenientes de los recursos federales.

En Veracruz, entidad con el mayor nivel de daño patrimonial que se ha detectado hasta el momento, el órgano fiscalizador sí tuvo un asomo de revisión crítica a la forma en que el gobierno de Javier Duarte manejó las finanzas del estado, lo que le llevó a presentar un total de 93 denuncias, tanto por observaciones de la ASF, como por las irregularidades detectadas por él mismo, por un total de nueve mil 103 millones 950 mil 892.10 pesos.

De esa cantidad, siete mil 922 millones 737 mil 642.89 pesos corresponden a cinco desvíos realizados por dependencias estatales.

El detalle de estas denuncias muestra que están acusadas la Sedesol y la Secretaría de Protección Civil por contratos con empresas no localizadas por el SAT, por un total de 940 millones 234 mil 326.70 pesos.

Hay otra contra la Sedesol, también por empresas no localizadas, por un monto de 431 millones 431 mil 445.36 pesos; una más contra la Sedesol y la Secretaría de Educación de Veracruz, por empresas no localizadas, con un monto implicado de 195 millones 59 mil 794.02 pesos.

Otros casos

Además, una contra la Secretaría de Finanzas y Planeación, por dos créditos no comprobados por seis mil 136 millones 12 mil 76.81 pesos y la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, por desvío de recursos de programas federales de Conagua que involucran 200 millones de pesos.

Sin embargo, la situación de Veracruz es más grave de lo que observó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfi), pues es la entidad que más daño patrimonial federal causó por sus actos de corrupción, al sumar 56 denuncias penales por actos de corrupción durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte; 18 son por simulación de reintegros, que implican un total de 35 mil 421 millones 700 mil pesos y 38 denuncias restantes son por 21 mil 240 millones 984 mil 459 get more.19 pesos; es decir, un total de 56 mil 662 millones 684 mil 459.19 pesos.

Sumando a ello, como lo dio a conocer Excélsior, Veracruz es la entidad que tiene el mayor monto en riesgo que podrían implicar más denuncias de hechos por actos de corrupción, al sumar 17 mil 632 millones de pesos en 148 acciones a las que le da seguimiento la Auditoría Superior de la Federación.

En las últimas semanas, desde los ámbitos locales y a raíz del cambio de gobierno, las autoridades estatales de Chihuahua anunciaron la investigación de actos de corrupción que involucran al menos 500 millones de pesos; sin embargo, su órgano fiscalizador no da cuenta alguna de presentación de denuncias de hechos por alguna malversación.

En Durango, también la clase política ha destacado los malos manejos administrativos del gobierno de Jorge Herrera Caldera y en Zacatecas, se acusa al exgobernador Miguel Alonso Reyes de incurrir en desvíos económicos, pero los órganos fiscalizadores no tienen antecedentes de haber procedido legalmente; ni siquiera existen observaciones en la revisión de las cuentas públicas; al menos no en sus versiones públicas.

En otras entidades como en Coahuila, las sanciones por irregularidades son mínimas. Durante 2015, la Auditoría Superior de la entidad puso 40 multas a servidores públicos por falta de presentación o presentación extemporánea de informes de avance de gestión financiera del 2014 y del 2015, falta de presentación de información al requerimiento de información y falta de contestación al pliego de observaciones.

Los órganos fiscalizadores subnacionales son una pieza clave en el combate a la corrupción y lo serán en mayor medida con el Sistema Nacional Anticorrupción que se espera se fortalezca en este 2017 con la entrada plena de la Secretaría Ejecutiva en la materia. Tanto la ASF como la OCDE coinciden en que es ineludible el fortalecimiento de la autonomía y capacidades de gestión de los órganos fiscalizadores locales.

Para fortalecer a estos organismos, José Ángel Gurría presentó seis propuestas, entre ellas fortalecer la autonomía de estas instituciones locales; homologar los marcos jurídicos y mejorar la coordinación entre los órganos de auditoría interna y externa, así como simplificar los procedimientos de auditoría para los órdenes subnacionales de gobierno para reducir al mínimo la duplicidad de trabajo.

También consideró que se deben aumentar los recursos presupuestales y corregir las deficiencias de capacidades; fortalecer el servicio profesional de auditoría e intensificar los esfuerzos para desarrollar capacidades de gestión, específicamente en materia de riesgos, concentrándose en funcionarios de mandos medios y superiores.

Más propuestas

Propuestas similares hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en 2013, las que plasmó en el estudio de Auditorías Superiores Locales en México: Evaluación de su Normatividad, Prácticas y Transparencia.

Desde entonces, los órganos fiscalizadores no estaban obligados a ser del todo transparentes ni a rendir de cuentas sobre su gestión y actividades pues el marco normativo se quedaba corto.

“Del análisis de las propias experiencias y perspectivas de las entidades de fiscalización locales, comentadas por los propios titulares y/o personal a través de un cuestionario, se sabe que en 60% de ellas se considera que el marco legal correspondiente es insuficiente en cuanto a las capacidades para sancionar. También se encontró que en la mitad de éstas no se ha integrado un servicio civil de carrera, cuando por su carácter técnico, la profesionalización del personal es clave para el éxito en el desempeño de sus atribuciones”, precisa el Imco.

Tres años después de este reporte, las debilidades de las instituciones de fiscalización estatal son las mismas.

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