Presentan organizaciones informe sobre violaciones y abusos a los derechos humanos por parte del Estado y empresas

Ciudad de México | Desinformémonos. A través de 68 casos documentados y expuestos en el informe “México: Empresas y derechos Humanos”, identificaron “patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros”, y lo expusieron en un compendio elaborado por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, grupos, comunidades y académicos que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

El objetivo del informe, detallan, es “dar una perspectiva de la situación de empresas y los derechos humanos a nivel nacional”, y también, “permite vislumbrar el grado de implementación de los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos por parte del Estado mexicano y de las empresas que realizan actividades en el país”. Es presentado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el marco de su visita oficial a México, que concluye mañana luego 8 días de trabajo.

El informe que incluye: temas prioritarios en materia de empresas y derechos humanos en México que consideran importantes de tener en cuenta a manera de contexto; los patrones y abusos más frecuentes relacionados con la actividad empresarial; las conclusiones y recomendaciones para el Estado y las empresas y finalmente el compendio de 68 fichas de casos que “evidencian” problemas de derechos humanos vinculados con empresas en donde, dicen, se describen los abusos cometidos por parte de las empresas y el Estado y la “falta de acceso a remediación para las víctimas” puntualizan.

“Es en el contexto de violencia, impunidad, crimen organizado y desigualdad que operan las empresas en México. Y, si bien las empresas deben aplicar los más altos estándares en materia de derechos humanos y tomar medidas especiales en situaciones de conflicto, en algunos casos, el sector empresarial se ha beneficiado de la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado”.

Las organizaciones participantes señalan la “crisis de derechos humanos” que consideran es enfrentada en México actualmente, la presencia de grupos de la delincuencia organizada y que, consideran, “México es un país extremadamente desigual… un pequeño sector de la población concentra el poder económico y político” afirman al citar a la organización Oxfam México, quien en un informe describe “cómo la riqueza de los 4 millonarios más ricos de México representa el 9 por ciento del PIB mexicano, mientras que más de la mitad de los y las mexicanas (el 54,4 por ciento de la población) permanece en pobreza”, todo esto, dicen, es el contexto en el que las empresas operan en México.

Algunos de los temas y formas de abuso, que son identificados en el informe, y que dificultan el cumplimiento de los “principios rectores”, por parte tanto del Estado mexicano como las empresas, son, describen, la “Captura del Estado: complicidad, corrupción e impunidad” y de la que dicen se observa en todos los niveles de gobierno y que “debilita los procesos de protección y cumplimiento de los derechos humanos a favor de los intereses empresariales”.

Por otro lado, afirman que las reformas estructurales “debilitan la protección de los derechos humanos” y ejemplifican con la hecha en materia energética en diciembre de 2013 en la que aseguran fueron violados distintos derechos a la población, en el proceso de aprobación, no se permitió la participación ciudadana sobre las consecuencias y finalmente, señalan, “contradicen el derecho a la consulta y a la pluralidad al ignorar los impactos sociales y ambientales negativos de la explotación de recursos naturales para las comunidades indígenas”.

En este mismo sentido, señalan la “Falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos”, y agregan que en este tema también las reformas estructurales a las legislaciones energéticas y mineras “han fomentado e impulsado un mayor número de proyectos mineros y energéticos en el país, con consecuencias negativas para los derechos humanos”, dicen al aplicar el mismo principio de nula consulta y obstáculos a la población en torno a la información de los proyectos y sus impactos.

EL informe completo puede consultarse en: https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH_68_0.pdf

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