Pobladores de Chablekal denuncian irregularidades en la adquisición de tierras

Habitantes de Chablekal, Yucatán, denunciaron en un comunicado las irregularidades de los acuerdos empresariales para la compra-venta de las tierras ejidales, que se localizan en el polígono conocido como Misne-balam, mismas que se encuentran en la posesión de la Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal por el Derecho a la Tenencia de la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales.

Los pobladores informaron sobre una asamblea informal que se llevó a cabo ayer por la tarde en el comisariado ejidal, donde el empresario Carlos Abraham Mafud ofreció la cantidad de cinco mil pesos a cada uno de los ejidatarios -alrededor de 100 de 340- como anticipo para la adquisición de las tierras, lo que viola los artículos 23 y 25 de la Ley Agraria, en la que se especifica la instalación de una asamblea facultada con al menos ocho días de anticipación, sobre todo cuando el caso se refiere a las tierras de uso común, como las del polígono.

Sin embargo, lo anterior nunca sucedió, por lo que el pago que se otorgó hoy tras el acuerdo privado es ilegal, pues compromete la voluntad de los ejidatarios sin haber existido una convocatoria correcta y en apego a la Ley, y sin la presencia del procurador agrario.

Los habitantes señalaron que ninguno de los acuerdos privados anteriormente firmados por los ejidatarios no han sido leídos ni comprendidos por los mismos, por lo que consideran “urgente y necesaria la intervención de la Procuraduría Agraria en su carácter de Ombudsman Agrario para evitar dichas prácticas ilegitimas”.

La Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal por el Derecho a la Tenencia de la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales interpuso una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, con el fin de que se reconozca a plenitud el derecho a la tenencia de la tierra, así como evitar su repartición, venta, enajenación, renta o traslado.

Por último, condenaron la nula acción de las autoridades agrarias que favorecen a los empresarios para evitar que los pueblos originarios puedan tener acceso a la justicia, por lo que, aseguran, están en un estado de vulnerabilidad.B

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