Mexicanos no pueden quedarse sentados esperando a que los coloquen en calidad de reos a todos: experto

(09 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Poco más de un centenar de organismos defensores de derechos humanos se han unido bajo un mismo mensaje: la Reformas a la Justicia Militar violan derechos humanos pues, a través de diversos pronunciamientos, han externado que las disposiciones aprobadas no cumplen con los estándares de una correcta administración de la justicia.

Además, han planteado problemas de compatibilidad con el marco jurídico establecido por el derecho internacional en materia de administración de justicia por tribunales militares en el que se subraya que solamente los delitos que tengan que ver de manera estricta con la función militar tendrían que ser competencia de las autoridades castrenses; es decir, delitos que están previstos en las leyes civiles, siempre deberían ser juzgador por una autoridad civil, aún y cuando el sujeto activo o pasivo del delito sea una persona perteneciente a las Fuerzas Armadas.

Con la aprobación de las reformas, se validan acciones en donde los militares pudieran extender la jurisdicción castrense sobre la población civil.

“Lo que ha hecho el Legislativo es romper con la garantía de independencia e imparcialidad de las autoridades civiles y ahora quiere involucrar de manera abierta a las fuerzas militares sin ajustarse a un principio de correcta administración de justicia. Lamentablemente si, por ejemplo, un militar comete un homicidio o cualquier otro delito que esté regulado en el Código Penal, debería ser investigado -y en su caso sancionado- por la justicia civil y no por la militar porque no son delitos de función de los militares; son delitos comunes, pero esto cambiará, cuando deberían ser en todo caso las autoridades militares las últimas en tomarse en cuenta”, afirmó a Revolución TRESPUNTOCERO, Lucía Chávez, Coordinadora del área de Investigación de la Comisión Mexicana Para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Entre los temas que más preocupan a los defensores de derechos humanos, se encuentran los cateos sin previa orden judicial, pues es grave que se prevé que se realicen por personal militar, en propiedad de particulares, residencias u oficinas públicas (incluidas, por ejemplo organismos públicos autónomos), buques, embarcaciones, aeronaves o cualquier medio de transporte extranjero en territorio mexicano.

“Esos actos de molestia en contra de la población civil no deben de ninguna manera estar bajo control de las autoridades militares, ya que ello significaría la ampliación de la esfera de actuación restringida del fuero castrense”, señaló Chávez.

Sobre el mismo tema, el periodista y documentalista Témoris Grecko, comentó aRevolución TRESPUNTOCERO : “como bien sabemos, los cateos ocurren ya y han sido impugnados en varias ocasiones, derivado de que miembros del Ejército han sido acusados de cometer violaciones severas a las garantías individuales; incluso, se han denunciado otras de orden menos grave, pero que con seguridad, causaron algún tipo de incomodidad al Ejército desacostumbrado a estar bajo la vigilancia de la sociedad y desacostumbrado a responderle”

Por esto, afirma el periodista, el Ejército -en numerosas ocasiones- ha expresado su molestia; por ejemplo, el caso Ayotzinapa, donde abiertamente externó su descontento solamente porque se sospechó que soldados y altos oficiales de la milicia tienen información sobre la desaparición de los normalistas, a consecuencia de que estuvieron presentes o tuvieron comunicación directa con personas que estaban cometiendo los crímenes y por tanto, podían aportar información valiosa, no necesariamente como culpables, indiciados o interrogados, sino solamente como fuentes.

“Por el contrario, se niegan. Cuando un Ejército está verdaderamente comprometido con la sociedad y con la justicia, abre sus puertas y toda la información que tiene la pondría a disposición de la investigación, pero en lugar de eso, como los hemos acostumbrado a no hacerlo, reaccionan con molestia, desagrado y tratan de acusar a quienes le piden cuentas, convirtiéndolos en enemigos del Ejército e incluso, aseguran que tienen propósitos oscuros”, explica Grecko.

Así, los delitos que derivan de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, continuarán y ya estarán legalizados, pues “por más reiterativo que parezca, los militares no están preparados para participar en este tipo de acciones; por eso existen tantas violaciones a los derechos humanos, ellos están preparados para enfrentar a un enemigo exterior y combatirlo con toda su fuerza, no para averiguar si una persona es culpable o no, o para intervenir en asuntos donde no se requiere ese tipo de fuerzas porque se requiere más inteligencia”, aseguró.

El Jurista Porfirio Martínez González, explicó a Revolución TRESPUNTOCERO que el Legislativo legalizó una conducta que hasta el momento contraria a la ley, convirtiendo las recientes reformas en inconstitucionales; es decir, “ahora la situación es peor que antes, ya que los militares cometían dichos actos y se reconocían contrarios a la ley y a los reglamentos, pero ahora ya estarán legitimados por los senadores y diputados, aunque no dejarán de ser violaciones, pero a la Constitución”.

Por ejemplo, en el artículo 129 establece que en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que la que tenga exacta comisión con la disciplina militar. Ahí mismo se señala que donde se deben llevar a cabo dichas actividades, no es más que dentro de los cuarteles, puntualizando que el Ejército no puede tener instalaciones dentro de las ciudades y tampoco situarse en cualquier lugar para someter a revisiones a los civiles, ni en la vía pública, ni en sus domicilios.

El abogado y activista también afirmó que los legisladores violaron el artículo 29 de la Constitución, ya que este determina en qué condiciones se pueden suspender las garantías individuales y bajo qué leyes los elementos de la milicia debe regirse. “Estas modificaciones violentan dichos artículos por eso, aunque se haya aprobado en cámaras, esas reformas son nulas de pleno derecho porque violentan los principios contenidos en la Constitución, la cual no perderá su fuerza y rigor”.

Martínez González, afirmó que “es claro que ni el gobierno, ni los legisladores pueden aprobar lo que se les venga en gana, hay principios qué se establecieron en 1917 que son inamovibles y fueron establecidos por el propio pueblo de México y no se los pueden quitar sus propios gobernantes. Si lo hacen, es porque quieren quitarle al pueblo la posibilidad de defenderse, de liberarse del mal gobierno. Es por ello que lo hacen, advirtiendo que si protestan, no se lo van a permitir y van a echarle encima al Ejército, aunque este no debería de salir a las calles y tampoco puede intervenir como policía, a pesar de que ha sido usado así en los últimos años, lo cual lógicamente es contrario al Estado de derecho”.

Grecko explicó que entre las características del Ejército -al que hoy se le da la libertad de catear domicilios, pese a los antecedentes de violencia y graves delitos que han derivado de estos- es que son militares no preparados e incapacitados que van a tener la libertad de realizar intervenciones sin la supervisión y órdenes de un juez, lo cual abre la puerta a más violaciones de derechos humanos y a un mal uso de dichas acciones, lo que “preocupa aún más porque es un Ejército que ha sido sumamente cuestionado porque muchos de sus miembros, incluso de sus altos oficiales, han sido acusados de colusión con el crimen organizado y también por actos contra población civil, derivado de motivos políticos”.

Así, explica el periodista, dichas reformas permitirán que los miembros del Ejército, ya con dichas facultades, las usen tanto para afectar a sus enemigos políticos (la oposición política), como a los periodistas críticos y también en actos criminales.

Respecto a la facilidad con que se dio paso a dichas reformas, señala que “esto se da fácilmente porque el Ejecutivo y el Legislativo tienen una mayoría clara, ya que la cámara es controlada por el PRI, Verde, Panal Y PES. Pudieron haber realizado un trámite normal, pasando por todos los procesos, pero han escogido hacerlo de otra forma, al vapor, un poco a escondidas, modificando aspectos claves en lo ‘oscurito’, un comportamiento que me parece adopta todo aquel que sabe qué está haciendo algo malo”.

Para Témoris Grecko, estas modificaciones también forman parte de otras que se hacen tanto en México, como en diversas partes del mundo y son estrategias de regímenes que le tienen miedo de su población, por lo que estas se convierten en instrumentos y facultades cuya calidad es cuestionable, pero son puestas en práctica para ejercer un control más directo sobre las sociedades civiles.

Sobre este punto, coincide Martínez González, al afirmar que aunque podría parecer que la reforma es una ‘protección’ a las Fuerzas Armadas, por el contrario busca que estas sirvan como escudo protector para quienes violan los principios de la Constitución y los derechos del pueblo: “para esto son esas reformas, para proteger al poder de facto que busca estar por encima del poder constitucional, por eso se reforman las leyes reglamentarias, para que el Ejército ahora esté obligado a proteger al gobierno y atacar al pueblo”.

El jurista argumenta que “así es como se ha estado pervirtiendo el sistema legal y constitucional”, por ello, la sociedad mexicana tiene dos salidas: “la primera es que se quede sentada esperando a que la sometan y que nos coloquen en calidad de reos a todos los mexicanos o que se movilice, proteste y ejerza sus derechos constitucionales para poner en su lugar al gobierno que viola la Carta Magna continuamente. Todo ello con la ayuda, afortunadamente de los organismos internacionales porque en México, la Suprema Corte de Justicia se hace la ciega y valida todo lo que mande el gobierno y los legisladores”.

Otro punto cuestionable según los organismos defensores de derechos humanos, es que no se les tomara en cuenta en la discusión de dichas reformas.

Grecko menciona que este hecho se dio porque “no estamos en un Estado que se caracteriza por tomar en cuenta a la sociedad civil. En particular, el gobierno de Peña Nieto es una administración bastante autista que nada más se escucha a sí misma y a algunos miembros del primer círculo del poder presidencial”.

Expuso la posibilidad que dicha reforma haya sido promovida por el Ejército, por medio de la presión, por lo que no habría ningún tipo de interés por escuchar a algún otro grupo de la población.

“Existen señalamientos de que estas disposiciones van en contra de recomendaciones que han realizado organizamos internacionales al gobierno federal para garantizar los derechos humanos, incluso por parte de la ONU; sin embargo, al parecer a este gobierno le importan nada dichas menciones y tampoco le importa el ridículo internacional, o la vergüenza en la que pone a México”, agregó el periodista.

Respecto al nulo pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre dichas reformas, Grecko menciona que “no siempre son claros los objetivos de ese órgano, deberían estar impugnado porque muchos dudamos de su constitucionalidad; deberían estar velando porque se protejan las garantías individuales que nos da la Constitución”.

Martínez González, puntualiza que este tipo de modificaciones a los códigos -donde se le aportan mayores libertades al Ejército- forman parte de las acciones de los últimos gobiernos de este país, quienes han impuesto a la propiedad pública las modalidades que le han dictado el interés privado, (los bancos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial): “esos son quienes, en este momento, están decidiendo cómo se debe modificar la propiedad pública para que se enriquezcan unos cuantos. Ese es el gran problema que tenemos, se ha estado pervirtiendo sistema legal constitucional”.

Deja un comentario