“Madruguete” legislativo del PAN prepara el terreno jurídico para privatizar el agua en BC

Legisladores de los Partidos del Trabajo PT), Encuentro Social (PES) y Revolucionario Institucional (PRI) denunciaron a las 5 de la madrugada de hoy que la mayoría de los legisladores de Acción Nacional (13 curules) pretendía aprobar por la vía rápida la iniciativa de ley que “privatiza” el agua en Baja California. Tres horas después, con 15 votos a favor y 10 en contra, la nueva norma se impuso en el congreso local.

A los Cuatro Vientos

20 de Diciembre de 2019.- “La imposición de la Ley del Agua de Baja California, mediante un madruguete a deshoras de la noche, le abrirá la puerta a la privatización de este servicio y el agua dejará de ser un derecho humano para convertirla en una mercancía”, manifestó la legisladora petista Claudia Agatón en su página en Facebook.

Por su parte, el diputado Luis Moreno Hernández, del PES, manifestó que la propuesta del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, hecha pública seis días atrás, “es un atentado contra el artículo 115 Constitucional sobre el derecho del agua manejado por los municipios y no por el Estado”.

Mientras tanto, la coordinación de comunicación social del diputado priísta Alejandro Arregui, regulador de la bancada del Revolucionario Institucional, manifestó que los cinco legisladores de su partido están en contra y desde la noche de ayer defienden la no aprobación de la ley de Francisco Vega.

A las 5:50 horas de este 20 de diciembre la ley aún no se votaba y la sesión del Pleno del Congreso se trasladó a otra sala para el análisis final de la legislación, lo que da una idea de lo intenso de la oposición de la burocracia y el debate legislativo que incluye la revisión de las leyes de Ingreso y Egreso de diversas instancias gubernamentales.

Sin embargo, a las 8:00 horas se procedió a la votación y la nueva ley quedó lista para su publicación en el Diario Oficial del Estado.

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Se incluyó un artículo transitorio que resguarda los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores de las comisiones estatales de servicios públicos que desaparecerán, pero no hubo cambio en cuanto a los incrementos de tarifa mensuales en los consumos de agua comercial (a partir de de 2017) y residencial (2018).

La legisladora del PT informó en facebook que convocará a la sociedad de Baja California para impulsar una acción de inconstitucionalidad, “pues se atenta no solo contra el artículo Cuarto de la Constitución Política del país, el cual reconoce el acceso al agua como derecho humano, sino que incluso se están pasando por alto diversos estipulados del artículo 27 Constitucional”.

Indicó que el Artículo 139 de la nueva ley fija los costos para las cuotas y tarifas de agua en Baja California, lo que implica la posibilidad de dar “grandes aumentos” para los consumidores de Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate.

Además –dijo- se pone en riesgo la permanencia de quienes trabajan en las Comisiones estatales de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), Tijuana-Rosarito (CESPT) y Tecate (CESPTE).

Esta posibilidad de liquidación y desempleo provocó que desde las cinco de la tarde de ayer un grupo de aproximadamente 80 empleados de la paraestatal en Tijuana se manifestara en contra de la propuesta de Vega.

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Según el diputado Luis Moreno, la nueva ley permite al sector privado comprar agua potable y después revenderla tanto al gobierno como al sector privado del estado y el extranjero, además de tener la posibilidad de obtener exorbitantes ganancias por el uso y manejo del líquido.

En mayo, el analista de los derechos humanos en Baja California José Luis Pérez Canchola, consideró en declaraciones hechas a Uniradio Informa, que privatizar el agua, ya sea por la federación o el estado, encarecerá en el corto plazo el servicio a la población en hasta un 100 por ciento, además de que privilegiará el abasto del líquido a los habitantes de California.

“El agua, así, se ve como una mercancía cuando por disposición de Naciones Unidas el uso y acceso al agua potable es un derecho humano universal por ser la base de la vida misma”, comentó el derechohumanista.

Por su parte, el gobernador Francisco Vega, al presentar la nueva ley el miércoles 14 de diciembre, dijo que su iniciativa es “un mecanismo para afrontar la intensa sequía que vive el estado y que ha mantenido en alerta a Ensenada y Tijuana”.

En declaraciones hechas al diario El Economista, el mandatario destacó que también busca crear más infraestructura, impulsar los proyectos para desalar agua de mar y modernizar los organismos operadores de la distribución del agua “para garantizar el servicio eficiente a la población”.

Recordó que la ley del agua vigente data de 1969, por lo que su iniciativa busca dar atención integral al tema e impulsar “prácticas responsables y eficientes en el uso, administración y distribución” del líquido.

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Foto: La Jornada.

La nueva ley también contempla la creación de dos organismos operadores del agua metropolitanos estatales: el de la Zona Costa para los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada; y el de la Zona Urbana de Mexicali.

Los nuevos operadores tienen como objetivo lograr una mejor autonomía de gestión y acceder a financiamientos de la banca de desarrollo, entidades internacionales y recursos federales del Fondo Metropolitano.

Otras metas de la nueva ley son:

1.- Formular, aprobar, establecer y actualizar el Sistema Estatal del Agua, el cual servirá como instrumento del desarrollo hidráulico a cargo de la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA), misma que fijará las políticas, estrategias y programas necesarios para la administración y aprovechamiento del agua.

2.- Ejecutar y prestar los servicios de manejo y conservación de la infraestructura hidráulica del estado.

3.- Regularizar la Programación Hidráulica Estatal con la concurrencia de las autoridades municipales.

Finalmente, la nueva ley obliga al Estado, a los cinco municipios y a los organismos operadores a reducir la contaminación, promover el establecimiento de sistemas de potabilización y tratamiento de las aguas residuales, y el manejo responsable de lodos.

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