Ley de Seguridad Interior y el militarismo en México

A través de esta ley se busca hacer constitucional el militarismo implantado en México desde el 2006

Ciudad de México, 26 de diciembre de 2016

Posterior a la publicación del libro: La verdadera noche de Iguala en el que la periodista Anabel Hernández plantea acusaciones muy directas en contra del ejército en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos dio un discurso que, en opinión de los comunicadores oficialistas de siempre, “fue firme y de llamado de atención”.

El Secretario dijo que “si la sociedad lo solicitaba, él sería el primero en apoyar la idea del regreso de los militares a sus tareas constitucionales”, sin embargo, también solicitó el apoyo para que la sociedad apruebe la Ley de Seguridad Interior para que de ese modo,  “los soldados puedan realizar las cosas que la propia ley les va a autorizar”.

El discurso del Secretario plantea una retórica que no busca otra cosa más que hacer Constitucional el militarismo que se ha implantado en México desde el año 2006 cuando Felipe Calderón inició su gobierno. En ese momento se involucró por completo a las Fuerzas Armadas que sin mayor reclamo –y con las ganancias en términos económicos y de poder que ello les reportó– iniciarían una guerra irregular que estuvo al margen de la ley y de acuerdos internacionales en materia de conflictos bélicos.

A este respecto Carlos Fazio, especialista en temas de seguridad y académico de la UNAM, señala que, “mediante una campaña de saturación propagandística, e ideológica primitiva basada en la retórica del ‘enemigo interno’ –un discurso excluyente y estereotipado que convertía a la oposición político social y a la delincuencia en potenciales subversivos o cuerpos extraños a exterminar–, se fue creando un clima punitivo disciplinador que presentaba como aparentemente ineludible la adopción de medidas cada vez más coercitivas de legislación especial propia de un régimen de excepción”.

Como se recuerda, aquella guerra de Calderón tuvo una gran cobertura mediática para su legitimación, definió al “enemigo interno como una plaga a la que había que exterminar”, y comenzó un periodo de atropellos y suspensión de garantías civiles y de violación a los derechos humanos. No obstante, en el marco legal que hoy les urge a los militares modificar, los soldados tienen responsabilidad lo mismo que los oficiales, y más aún por la misión que tienen asignada –“salvaguardar la ley y los derechos de los ciudadanos de un país”–, por lo que conducirse como lo han hecho hasta ahora, los puede poner en un escenario equiparable al de tantos militares que han sido llevados a juicio en países que padecieron dictaduras.

A mediados de 2010 –apunta Fazio– el cambio de “guerra” a lucha por la “seguridad pública” en la retórica oficial, pudo haber estado determinado por alguna reserva de Calderón ante la posibilidad de ser culpado por delitos contra la paz al haber iniciado un conflicto sin motivos legítimos o por haber violado las reglas de la guerra.

El mismo sentido parece tener la urgencia del titular de las Fuerzas Armadas para que se apruebe la Ley de Seguridad Interior que hoy está en el Congreso. Asimismo, la promoción que hacen de la iniciativa los legisladores del PRI y del PAN –los supuestos autores– manifiesta una subordinación ante el poder militar que no tiene precedente en la historia legislativa reciente en México.

En opinión de Erubiel Tirado, Coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, la propuesta de Ley de Seguridad Interior es parte de un andamiaje legal que anticipa un golpismo disfrazado y la justificación para reprimir las protestas sociales y políticas por venir. De acuerdo con el académico, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior significa la máxima garantía de impunidad a los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que, de ahora en adelante, cometan las Fuerzas Armadas.

El concepto de Seguridad Interior –señala Tirado– es anacrónico y responde a un atavismo constitucional del siglo XIX que tendría que haber desaparecido en el marco normativo mexicano, está a contrapelo de las doctrinas actuales de seguridad preocupadas por las personas en su integridad, y por el contrario, se apega a la enseñanza de las dictaduras militares y los regímenes autoritarios del siglo XX.

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