Grupo Higa, Monsanto y Eólica del Sur, empresas privilegiadas por encima de los derechos humanos: estudio

Grupo Higa, Monsanto y Energía Eólica del Sur son algunas de las empresas que han violentado los derechos de varias poblaciones en México bajo el privilegio a sus obras por el gobierno de Enrique Peña Nieto, declaró la integrante del área de Justicia Transnacional en la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC (ProDESC), Elena Villafuerte Mata, durante la presentación del “Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”.

Agregó que la reforma energética también propició que las empresas pudieran violar los derechos de los mexicanos, principalmente en zonas rurales, con mayor facilidad. “La realidad es que los temas de la consulta indígena, y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, están pendientes en la agenda del Estado mexicano, pero específicamente en lo que se refiere a la reforma energética”, señaló.

Villafuerte recordó el caso de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que atraviesa la comunidad indígena de Xochicuautla, en el estado de México, y que gracias a las obras de la carretera se expropiaron las tierras comunales bajo la dirección de Grupo Higa y el compromiso del gobierno con este tipo de corporaciones.

Tan sólo en la etapa preliminar de la elaboración del informe, organizaciones civiles documentaron 32 abusos al derecho a la tierra y el territorio por parte de empresas, 28 casos de falta de acceso de información sobre trabajos, 22 abusos al derecho a un medio ambiente sano, 17 de impactos a la salud de la población, 17 de falta de cumplimiento a derechos indígenas. De la misma forma, se registraron 32 agresiones a personas que se opusieron a los proyectos.

Por otra parte, también mencionó la complicidad de las empresas al mencionar el parque eólico en los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza, de la empresa Energía Eólica y el cultivo de soya transgénica en Campeche por parte Monsanto.

“Si la comunidad dice no, pues las empresas tendrán que aceptarlo. En México pasa justamente lo contrario”, dijo por su parte la coordinadora de programas de la Fundación Heinrich Böll, Dolores Rojas.

En cuanto a la violación de los derechos ambientales, el informe ejemplificó con el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora, el 6 de agosto de 2014, por parte de la minera Buenavista del Cobre, filial del Grupo México, el cual afectó directamente a 22 mil personas y de manera indirecta a 250 mil.

También el documento refiere al Río Santiago, Jalisco, “el más contaminado de México”, pues desde el 2002 más de 300 empresas vierten sus residuos en las aguas.

“Incluso en el propio informe se habla de que existe una ansiedad del gobierno mexicano de atraer inversiones. Y que eso combinado con esa dinámica de corrupción e impunidad da un marco para que se cometan abusos en el marco de las actividades empresariales”, expresó Villafuerte.

Ante el informe, “el Estado mexicano hizo una intervención acotada, pero definitivamente no abordando de manera crítica o propositiva los temas que vienen en el informe, ni las recomendaciones del Grupo de Trabajo”, sostuvo Villafuerte.

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