El nombramiento del doctor en Derecho Raúl Cervantes Andrade, como Procurador General de la República

En sustitución de Arely Gómez González, quien será la próxima titular de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a una propuesta enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, que aún deberá cursar los conductos legales-, viene a ser una bocanada de aire fresco para el aparato de justicia mexicano.

A Cervantes Andrade le antecede su prestigio profesional, que rebasa sus méritos empresariales y lo hacen un personaje idóneo para asumir el difícil cargo en la importante dependencia que -se vaticina en los círculos políticos de primer nivel-, habrá de ser objeto de una profunda renovación, ante la impostergable necesidad de afrontar con mayor éxito los primordiales temas donde la doctora no pudo dar satisfacción al grueso de los mexicanos que exigen mayor eficacia, celeridad y transparencia en su accionar.

“Su dedicación y esfuerzo en el ejercicio del cargo, es ejemplo de excelencia en el servicio público y compromiso en la lucha contra la delincuencia en nuestro país”, señaló Peña Nieto al reconocer la labor de Gómez González, quien “tendrá como misión central implementar el Sistema Nacional Anticorrupción en conjunto con las autoridades de todos los órdenes de Gobierno, pero principalmente, de la mano de la sociedad civil”.

Por supuesto que este relevo en la PGR no es un asunto menor -no sólo por la escalada de violencia que vive todo el país, al grado que estados completos están bajo el dominio del crimen organizado-, sino porque el tiempo se acaba.

Hay temas como el de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán y más recientemente las graves acusaciones contra los exgobernadores Guillermo Padrés, de Sonora (PAN), y Javier Duarte, de Veracruz (PRI), que generan en amplios sectores de la sociedad una percepción de impunidad e injusticia para castigar a quienes, al amparo del poder, se enriquecen con los cargos públicos.

A Cervantes Andrade le esperan otros asuntos igual de sensibles y torales como el incremento de las desapariciones forzadas, la lucha contra la delincuencia organizada y las más de 70 fosas clandestinas halladas recientemente en el Ejido Patrocinio, del municipio de San Pedro de las Colonias, próximo a Torreón, Coahuila.

Un comunicado de Los Pinos señaló que el próximo procurador “deberá trabajar de la mano con el Congreso de la Unión, la sociedad civil y la academia para desarrollar el mejor modelo de Fiscalía General de la República, para que la justicia penal en nuestro país esté a la altura de las exigencias sociales y las necesidades de nuestro país”.

Militante del PRI, abogado y empresario, el próximo procurador es un político que ha ocupado diversos cargos y se ha desempeñado como diputado federal y senador de la República, representación a la que solicitó licencia para convertirse, inicialmente, en uno de los responsables de la redacción de la Constitución de la Ciudad de México.

Sin embargo, a pesar de tener la licencia, no se incorporó a este grupo de constitucionalistas, lo que abrió un amplio espacio a la especulación sobre su futuro político que hoy quedó definido en la propuesta presidencial para que ocupe la titularidad de la PGR.

Cervantes Andrade, también es socio fundador y director general del despacho CEA-Abogados. Posee un doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana y en el tricolor ha sido delegado a las Asambleas Nacionales XVIII y XIX, Consejero Político Nacional y Coordinador de Asuntos Jurídicos del CEN. Actualmente es Secretario General Adjunto del CEN tricolor.

Naturalmente, Cervantes Andrade tiene méritos suficientes para reemplazar a la doctora Arely y seguramente que también la capacidad para efectuar los cambios que urgen en la PGR, especialmente ante la proximidad del inicio del quinto año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en los que está obligado a dar resultados a los mexicanos en todos los temas legales.

Convertirse en el nuevo abogado de la nación, asimismo conlleva la responsabilidad de poner orden en casa y preparar el terreno para que los comicios del 2018 garanticen a los mexicanos una nueva transición democrática ordenada y por sobre todo pacífica.

Un relevo que conserve -cuando menos-, la esperanza del fortalecimiento de las instituciones, que han sido minadas sistemáticamente por funcionarios corruptos pero sobre todo cínicos, que se ufanan de su prepotencia e impunidad, una impunidad que tiene harto y desencantado a nuestro conglomerado social.

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