“Ejecuciones extrajudiciales y la impunidad persisten en México”: Informe de Relator de la ONU

En un informe sobre el seguimiento de la situación en México, dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial del organismo para las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, Christof Heyns, afirmó que las medidas tomadas por el Gobierno para proteger el respeto a la población y su derecho a la vida siguen siendo insuficientes desde hace dos años. Recomendó que las acciones de seguridad estén a cargo de las fuerzas civiles y no de las fuerzas armadas.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).– El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, Christof Heyns, dijo hoy que las medidas tomadas por el Gobierno de México para proteger a la población y respetar el derecho a la vida siguen siendo “insuficientes” desde su visita al país en 2013.

“Las medidas de protección siguen siendo insuficientes e ineficaces; la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida siguen siendo un desafío, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas”, denunció Heyns.

En un informe sobre el seguimiento de la situación en México dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebra estos días en Ginebra, Suiza, el experto recalcó que “las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten”.

En dicho documento, Heyns analiza si las autoridades han implementado las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida, y si se han seguido las recomendaciones que hizo el experto hace tres años.

Aunque el relator reconoció al Gobierno mexicano por los avances que se han llevado a cabo, enfatizó que siguen siendo necesarias “medidas adicionales” que se apliquen siguiendo sus recomendaciones para asegurar “que se protege el derecho a la vida”.

En concreto, Heyns urgió al Gobierno a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza y a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses.

Asimismo, en relación a las actividades policiales, recomendó que “se adopten de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública esté a cargo de civiles y no de las fuerzas armadas”.

En la actual Administración se recuerdan al menos tres casos de ejecuciones extrajudiciales que fueron objeto de observaciones y protestas por parte de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

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