Defensa de Ricardo Yáñez achaca exclusivamente la responsabilidad del desvío de los 246 mdp a Hacienda y pide nulidad del testimonio de T-701/2017

Chihuahua, Chih.- Tras aproximadamente una hora y cuarenta y cinco minutos de receso, a las siete y seis minutos de la tarde se reanudó la audiencia de vinculación o no a proceso del ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda Gerardo Villegas Madriles y el ex secretario de Educación, Cultura y Deportes Ricardo Yáñez Herrera, con el turno para las contradicciones de las defensas de ambos imputados tras haber escuchado la exposición de pruebas contra los imputados realizada por el Ministerio Público.La defensa de Yáñez lo eximió de toda culpa y apuntó que éste firmó unos contratos que llegaban avalados por el Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, quien según la ley es a quien competen las contrataciones.

El primero en hacer uso de la palabra fue el abogado defensor de Ricardo Yáñez, Héctor Hugo Perea Arballo, quien refirió algunos errores de precisión en las pruebas presentadas por la acusación en torno a la suficiencia presupuestal por 250 millones de pesos solicitada por su cliente, afirmando que se trataba de una solicitud de recurso adicional que no estaba dentro del presupuesto, no estaba comprendida en el presupuesto inicial autorizado en 2015 para el ejercicio fiscal 2016.

Puntualizó que los formatos de los contratos fueron recibidos por el Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, en el cual no tuvo participación ni injerencia su defendido, quien pertenecía a otra dependencia distinta. “Ese recurso está en manos y depende de la Secretaría de Hacienda, no de la dependencia de la que era titular mi representado”, aseveró el abogado defensor de Yáñez.

Hugo Perea refirió que no había ninguna normativa por la cual su defendido hubiera intervenido en las actas de ejecución, enfatizando que depende directamente de la Secretaría de Hacienda la formalización de los contratos.

Aseguró que cada uno de los contratos objetos del actual proceso penal contaban con su cheque del proveedor con una garantía líquida del 10% del monto y era una contratación que el proveedor suscribe y cumple.

Además, hizo alusión a que los contratos contaban con el sello exclusivamente de la Secretaría de Hacienda, aludiendo la normativa estatal que hace alusión a que las adquisiciones, contrataciones y arrendamientos debían pasar por el Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda.

“No puede ser imputable a mi defendido cuando era secretario de Educación, será responsabilidad de la secretaría correspondiente”, agregó.

A continuación, se refirió a las declaraciones aportadas por el testigo protegido T-701/2017, quien situó en diciembre de 2015 la reunión entre directivos de la Secretaría de Hacienda y el ex gobernador César Duarte Jáquez en la que supuestamente este último instruyó el desvío de los 250 millones de pesos.

Ante estos hechos, el abogado defensor recordó que Ricardo Yáñez se desempeñó hasta el 25 de enero de 2016 como director del Registro Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, por lo que aseveró que no llegó a la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes hasta el 26 de enero de 2016 recibiendo dos días después el oficio de manos del subsercretario de la SECyD para la solicitud de la suficiencia presupuestal para la contratación de servicios encontrándose con la imposibilidad de detener el avance de la secretaría que acababa de recibir. “Resulta imposible que mi representado haya estado en una concertación criminal, (…) en el inicio del dolo”.

Hugo Perea se sumó a la petición del abogado defensor del ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda Gerardo Villegas para que el testimonio del testigo protegido T-701/2017 no fuera tenido en cuenta en virtud de que la propia Fiscalía General lo trató en carácter de imputado, “lo hacen acompañar de defensor, lo exhortan a que se conduzcan con verdad y de forma sólo genérica se le dieron a conocer sus derechos”. Respecto a este último punto, el abogado defensor afirmó que al no haberle informado en su totalidad de sus derechos se debería declarar la nulidad de sus declaraciones.

Sobre la nueva testigo T-901/2017, el abogado Hugo Perea manifestó que fue utilizada por la Fiscalía pues fue juntando copias y listados hechos en computadora que el defensor apuntó que no tienen ninguna certidumbre, validez ni firma que los autentifique.

Deja un comentario