CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por deficiencias en la seguridad, vigilancia y control en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 (CERSS 14) “El Amate”, en Cintalapa.

En un comunicado, el organismo precisó que la muerte de uno de los internos de origen tzotzil motivó el inicio de una investigación por parte de la CNDH, mediante la cual confirmó la falta de condiciones adecuadas para una estancia digna y segura en el CERSS, así como la ausencia de clasificación penitenciaria, de seguridad y vigilancia en los dormitorios.

De acuerdo con el texto, en el centro penitenciario también se detectó un autogobierno, todo lo cual colocó al interno fallecido en un estado de vulnerabilidad que derivó en la pérdida de la vida, que se traduce “en la transgresión del derecho a la integridad personal en su agravio”.

Detalló que el 4 de agosto de 2014, a las 10:30, el interno fue encontrado sin vida, colgado en el baño del caracol del segundo nivel del penal. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas inició de oficio una queja, pero la CNDH ejerció la atracción del caso.

El organismo corroboró insuficiencia en la vigilancia del penal que permitiera cubrir las necesidades en las áreas donde los internos deambulan, al tener apenas 120 elementos de seguridad y custodia (varonil y femenil) en ambas guardias, frente a una población de 2 mil 520 reclusos.

Además, concluyó que la autoridad penitenciaria no tomó las medidas para garantizar una debida seguridad y custodia en los módulos, en particular en el lugar donde fue encontrada la víctima, lo que incidió en una afectación en su integridad física, sin que el personal se hubiere percatado oportunamente de ello.

Derivado de lo anterior, sostuvo, la autoridad penitenciaria incumplió, entre otros, lo establecido en el artículo 9 del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el estado de Chiapas, el cual señala que “las autoridades competentes velarán para que los establecimientos sean dotados de los recursos materiales y humanos necesarios para asegurar el desarrollo y cumplimiento de sus fines, así como la salvaguarda de los derechos humanos de los internos”.

Por ello, la CNDH recomendó a Velasco instruir a la autoridad penitenciaria a que aplique las medidas conducentes en el CERSS 14, tendentes a garantizar el derecho a la integridad personal de quienes están bajo su custodia, en los términos que se precisan en la recomendación.

De igual manera, solicitó aumentar el personal de seguridad y vigilancia en los módulos de ese penal, erradicar el autogobierno, evitar que internos ejerzan funciones de mando que le competen al personal de Seguridad y Custodia, y clasificar a la población penitenciaria en términos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución federal.

Asimismo, solicitó al gobernador chiapaneco colaborar ampliamente en el procedimiento administrativo que se inicie contra los servidores públicos responsables, derivado de la queja que se presente ante la Secretaría de la Función Pública de la entidad.

Y que se brinde capacitación, de manera periódica, al personal técnico de seguridad y custodia del CERSS en materia penitenciaria y derechos humanos, acatando los principios que rigen en el servicio público en materia de seguridad, con el objetivo de garantizar la no repetición de actos similares a los que dieron origen a la recomendación.