CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la reglamentación al artículo 29 de la Constitución, que implica otorgar amplios poderes al Ejecutivo federal para que solicite la suspensión de garantías ante una gama de riesgos a la paz pública.

Sin embargo, entre los derechos afectados estaría a la manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión, patrimoniales, crédito o derecho de autor.

En paralelo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) citó para este miércoles 14 a las 9 de la mañana para ahí establecer el orden del día, donde entre los dictámenes a discutir esta dicha reglamentación. Ello implica que el pleno avalaría esta última por mayoría de votos mañana mismo.

De acuerdo con el dictamen avalado, se reglamenta “el proceso de suspensión o restricción del ejercicio de derechos y garantías a que hace referencia el 29 constitucional.

Así, dispone que “la restricción o suspensión sólo procederán en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otros que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto. La medida tendrá como único fin restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos”.

Además, detalla el proceso para aprobarse la restricción, donde sucintamente el presidente mandará la solicitud al Poder Legislativo, el cual sesionará, a más tardar, dentro de las 24 horas siguientes y resolverá dentro de 48 horas. En caso de solicitarse medidas excepcionales, y se encontrara en periodo de receso, se convocará a sesión extraordinaria al Congreso de la Unión para que apruebe la solicitud, la rechace o le realice modificaciones.

Además, “se dará publicidad nacional e internacional a la medida, y la Suprema Corte se pronunciará sobre la constitucionalidad y validez de los decretos que emita el Ejecutivo Federal”.

El dictamen considera como formas para declarar el estado de excepción, lo siguiente: “Pueden mencionarse ejemplificativamente las perturbaciones ocasionadas como resultado de factores naturales como sismos, tormentas, huracanes, explosiones volcánicas, epidemias, etcétera, así como también revueltas internas de gran calado; incursiones de grupos armados internos conforme a lo previsto en el derecho internacional humanitario; graves afectaciones a la paz o la estabilidad interna del propio Estado; crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones en el orden público; eventos derivados de la intervención humana (casos fortuitos), tales como incendios, accidentes nucleares o liberación de plagas/epidemias, entre muchas otras”.

Y añade: “Como es fácil apreciar, cualquiera de estos casos ejemplificativos puede ser enmarcado dentro de los dos supuestos adicionales (a la invasión) que prevé la Constitución: perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.

En este punto es donde la legisladora de Morena, Araceli Damián, dijo que se podría considerar la manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión, patrimoniales, crédito o derecho de autor. Por esta razón tanto Morena como PRD votaron en contra del dictamen.

“Tras haber realizado un análisis meticuloso del contenido de la minuta sujeta a dictamen, estas Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia concluyen en pronunciarse respecto de la viabilidad, en sus términos, de la minuta en cuestión. Ello, tras constatarse que contiene el contenido básico a ser observado en los Estados de excepción y que, apegándose al texto constitucional y a los instrumentos internacionales en la materia, fija mínimos necesarios para garantizar el respeto a los derechos fundamentales del ser humano, como son:

“La posibilidad de otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo federal para emitir actos formalmente legislativos, sujeto a la aprobación del Congreso de la Unión.

“El trámite del procedimiento de análisis previo a la declaración o suspensión de derechos o garantías, calificado como asunto de urgente y obvia resolución, y que obliga a que el Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente resuelva en un plazo máximo de 48 horas, debiendo ser un proceso claramente regulado y sujeto a decisiones y acciones de emergencia, cuyo único fin debe ser el restablecer la situación de normalidad”, se indica en el dictamen”.

Por cierto, en el paquete legislativo a aprobar este miércoles 14 destacan la Ley General de Víctimas, Ley de Trata de Personas y vigilancia de los puertos nacionales a cargo de la Marina.