Diputados hallan culpable a Robles de desviar 5 mil mdp

por paolo renato lopez layman

Roberto Garduño y Enrique Méndez Periódico La Jornada
Jueves 19 de marzo de 2020, p. 11

La Cámara de Diputados acordó erigirse este jueves en órgano acusador contra Rosario Robles y pedir al Senado su inhabilitación por 20 años, una vez que la Sección Instructora concluyó que es responsable del desvío de más de 5 mil millones de pesos.

En su dictamen, determina que en las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, de las que fue titular, se configuró una red de corrupción de funcionarios bajo su mando. La Cámara informó que ayer envió a la ex secretaria federal la notificación del juicio.

Como parte fundamental se incluyó el testimonio de Juan Manuel Portal, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien reveló a los diputados que Robles reconoció los desvíos y le prometió: “Okey; voy a dejar de hacerlo”.

Portal explicó que para justificar la triangulación de recursos, las universidades subcontrataron a empresas fantasmas, que a su vez entregaron basura como documentos que comprobaron los supuestos servicios prestados en los programas para combatir el hambre en el sexenio pasado.

También se incluyen copias de los convenios marco que Robles firmó en mayo de 2013 con los entonces rectores de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda, y en junio de ese año con el de la Universidad Autónoma del Estado de México y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad, Jorge Olvera García –el ex gobernador Eruviel Ávila firmó como testigo de honor–, para probar que la ex funcionaria sí suscribió documentos que derivaron en el desvío de fondos.

Para la Instructora, con el hecho de que firmara esos documentos se concluye que era imposible que no tuviera conocimiento del esquema que se utilizó en las dos secretarías.

En su comparecencia del 16 de octubre de 2018, Robles respondió que los contratos firmados con universidades, empresas y sistemas estatales de radio y televisión fueron legales, pero la Sección Instructora señaló que sus declaraciones ante el pleno de San Lázaro fueron falsas y las emitió con la seguridad de saberse intocable.

El organismo legislativo incluyó la versión estenográfica de la presentación de Juan Manuel Portal como testigo, porque él personalmente informó a Robles –en distintas reuniones de trabajo– de los hallazgos de la ASF.

Pablo Gómez Álvarez (Morena), presidente de dicha instancia, le preguntó si comentó personalmente con la ex funcionaria los pliegos de observaciones y las irregularidades, a lo que respondió: “digamos que lo que hice fue notificarle personalmente; informarle, comentarle las situaciones que estaban siendo observadas en cada una de las auditorías que se llevaron a cabo, principalmente en el caso de la Sedesol.

“Mis reuniones con ella fueron diversas, algunas con todos los colaboradores interesados en el tema, que ella citaba, y en otras ocasiones únicamente entre ella y yo para informarle lo que estaba haciendo.

La respuesta fue negativa, evasiva, y con todos los elementos que tuvimos enfrente se lo demostramos. En la última reunión que tuve con ella ofreció no volver a hacerlo.

Venganza por ser mujer

La decisión del Congreso de la Unión de atender el procedimiento de juicio político antes del cierre de actividades por el Covid-19 pone en clara evidencia que para algunos legisladores la prioridad es concretar la venganza contra Rosario Robles, acusó su abogado, Epigmenio Mendieta Valdés.

Por su parte, Javier Sánchez Rojas, también integrante del equipo de abogados, explicó que “el juicio político es un ataque por su condición de mujer, por ser destacada y por ser objeto de una venganza.

“Se trata de un juicio viciado, a modo, en el que no se han respetado los derechos y los plazos que asisten a la defensa. Un ejemplo de esto fue que ni siquiera se nos ha permitido concluir el plazo de alegatos establecido en la ley. Es un juicio político lleno de irregularidades y atropellos del diputado Pablo Gómez.

Sesiones de la instructora no se convocaron legalmente y algunas ni siquiera se realizaron; el desahogo de pruebas testimoniales se hizo sin reglas claras y se tomaron acuerdos sin la firma de diputados, explicó.

(Con información de César Arellano)

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