Ahora será un derecho de los militares agredirnos física, psicológica y hasta sexualmente: familiar de víctima

Por: Emma Martínez

(09 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- De noche o de día, no importa el horario y tampoco si la ubicación es en una calle o colonia transitada donde habrán testigos, los militares entran de manera violenta, derriban puertas o intimidan con sus armas a los dueños de los domicilios particulares, nunca llevan una orden de cateo y mucho menos una orden de aprehensión.

Detienen, golpean y torturan adultos, pero también a menores de edad, para inculparlos de nexos, generalmente, con el narcotráfico, en la mayoría de los casos los civiles son presentados como delincuentes, en otras ocasiones desaparecen de manera forzada y algunas más aparecen ejecutados de manera extrajudicial. E incluso cuando los familiares y testigos ajenos a la víctima dan a conocer los hechos que presenciaron, en la mayoría de los casos no hay ni siquiera el inicio de una investigación.

Este tipo de actos en contra de la población civil, siempre inician con un ‘cateo’ hecho por militares, aun cuando distintos organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, han descrito dichas acciones como una violación a los derechos humanos de la sociedad civil, pero aún con esto siguen siendo constantes, “por la impunidad y corrupción que los resguarda”, se asegura en informes de organizaciones como Amnistía Internacional.

En febrero de 2016, Abraham dio a conocer que su hijo Abraham Rodríguez Martín, de 20 años, se encontraba en su casa, en compañía de su sobrino Luis Enrique Machuca Martín de 19 años, y dos amigos más, cuando los militares llegaron al domicilio en Jalisco, alrededor de las nueve de la noche. El padre al ser comunicado de los hechos, decidió averiguar qué era lo que pasaba, “cuando llegué a la casa vi que los militares estaban golpeando a mi hijo, quise acercarme a él pero los del Ejército no me dejaron pasar, me gritaron que me retirara, que no podía estar allí, yo no iba a dejar a mi hijo solo, así que me quedé a unos 20 o 25 metros de la casa, y alcanzaba escuchar cómo gritaba cuando lo golpeaban”, narró el padre en su denuncia.

Luego de salir los soldados, quienes nunca explicaron por qué estaban ahí y tampoco llevaban algún tipo de orden de cateo para entrar en el domicilio, retuvieron a los jóvenes, los subieron al vehículo donde se transportaban, aunque el padre insistió en que le dijeran cuál era el problema, lo ignoraron y se fueron.

El señor Abraham inició una búsqueda por cárcel, hospitales y otras instancias, intentando conocer la ubicación de su hijo, todos negaron que se encontraran en cada una de las instituciones a las que acudió. La investigación del padre continuó al día siguiente, por lo que decidió acudir a un campamento militar instalado provisionalmente en el auditorio de la ciudad, fue ahí donde descubrió el carro de su hijo.

Abraham buscó a los militares y les exigió explicaciones, los elementos aceptaron que la noche anterior estuvieron en el domicilio; sin embargo, negaron haberse llevado a los muchachos, y recalcaron que desconocían el paradero de ellos, aun cuando se lo decían al mismo testigo.

“Fui a la Fiscalía a preguntar si sabían de mi hijo y su primo, pero también me dijeron que ellos no sabían nada, entonces les pedí que abrieran una Carpeta de Investigación y les dije todo lo que estaba pasando, les pedí una copia de mi denuncia y no me la quisieron dar, tampoco el número, sólo me dijeron que me esperara a que avanzaran las investigaciones, me dieron un oficio para que en el IJCF me hicieran una toma de sangre para el ADN, cuando salí de la Fiscalía vi que ya estaban allí los soldados, entregando el carro que traía mi hijo”, declaró a medios el señor Abraham.

Horas más tarde, personal de la Fiscalía General notificó a Abraham que su hijo había aparecido ya sin vida tirado junto al cuerpo de su sobrino y otro joven más, cerca de la carretera Tepatitlán–Zapotlanejo, en el cruce con la carretera a Tototlán. Luego de los funerales, las autoridades informaron a los familiares que la causa de la muerte fue una fractura de cuello, además de severos golpes en distintas partes del cuerpo, aun cuando la familia exigió que se les entregaran avances sobre las investigaciones, hasta el momento la familia de los jóvenes no conocen ningún tipo de información con respecto a los hechos.

Desde 2006, Felipe Calderón no solamente envió al Ejército a las calles, con una estrategia de seguridad anti derechos humanos, según testimonios de víctimas, familiares de víctimas, activistas y defensores. Dentro de los ataques en contra de la sociedad civil los cateos domiciliaros, principalmente en el norte del país, se incrementaron conforme el sexenio calificado como ‘uno de los más sangrientos de la historia’, transcurría.

Sin orden judicial de por medio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina, violaron derechos humanos y continúan haciéndolo, así como artículos  constitucionales y leyes internacionales, de los cuales han derivado detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, denunciadas, pero jamás investigadas.

Así, bajo la excusa de la ‘guerra contra las drogas’, los militares y elementos de las fuerzas armadas y cuerpos policiales federales, estatales y municipales, han realizado una cacería de brujas, que ha derivado en la creación de falsos positivos, donde para demostrar y justificar su ‘avance’ en contra de los cárteles han condenado a civiles inocentes bajo el principio que ‘es culpable hasta que se demuestre lo contrario’, negándoles la oportunidad de defender su principio de inocencia.

“En 2012 inició la administración de Enrique Peña Nieto. El discurso de guerra promovido por Calderón fue sustituido por uno de fortalecimiento institucional, de construcción de un pleno Estado de Derecho y de respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las víctimas. Sin embargo, la estrategia de seguridad no ha cambiado de forma significativa.

A consecuencia de la inercia de estas estrategias, México ha acumulado cifras alarmantes de personas muertas, torturadas, desaparecidas y desplazadas, como resultado de la violencia generalizada se ha desencadenado corrupción y la impunidad”, describe la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Según cifras de la Comisión, en el sexenio pasado 96 mil elementos militares estuvieron involucrados en tareas de seguridad nacional; mientras que, tan sólo, en el primer mes del sexenio de Enrique Peña Nieto se tenía una cifra de 49 mil efectivos militares. “Tal ha sido la magnitud de la intervención del ejército en operaciones que corresponden a la policía que del 2006 al 2012 se registraron 50 mil 915 civiles detenidos por militares.

En lo que va del sexenio de Peña Nieto (hasta enero de 2015) se han registrado 12 mil 840 civiles detenidos por la Sedena. Por su parte, se han identificado 6 mil 254 personas civiles detenidas por parte de la Secretaría de Marina (Semar) del 2006 al 2014; institución que ha realizado mil 770 operativos conjuntos con otras instituciones estatales, municipales y federales tan sólo del 2012 al 2014”.

La guerra contra el narcotráfico, donde se le denomina ‘narco’ y ‘culpable’ a todo aquel que el ejército así lo considere a criterio propio, ha valido miles de ‘cateos’, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y muertes violentas, que nunca ningún gobierno podrá compensar, porque por el contrario los daños a la sociedad civil difícilmente han obtenido justicia y es aún menos probable cuando se denuncia directamente a Ejército o Marina.

Sinaloa es uno de los principales ejemplos de la guerra fallida contra los cárteles de las drogas y acertada contra la sociedad civil, ya que dicha entidad ha sido una de las mayormente afectadas de manera mortal, en donde los cateos domiciliarios existen desde 2006, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO, Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa.

El defensor de derechos humanos señala que Sinaloa es una muestra de la puesta en marcha de los allanamientos de morada disfrazados de ‘cateos’ por parte de militares, Marina y elementos policiacos.

“Desde el inicio de los operativos en contra del crimen organizado a partir de 2006 a la fecha, los cateos han sido violentos y constantes por parte de los elementos de la milicia, sin embargo, hoy es aún más preocupante que el ejecutivo y legislativo determinen que son legales, incluso luego que el poder judicial ha determinado lo contrario desde hace ya muchos años”, señala.

En distintas zonas del norte del país, “es usual que bajo el pretexto de combatir el crimen organizado los elementos entren a los domicilios, bajo el supuesto que realizarán ‘cateos’, que en realidad se convierten en un allanamiento de morada, porque no existe ni siquiera motivo para  llevarlos a cabo, nunca los militares o marinos poseen una orden judicial.

Por ello lo que hacen los militares no puede llamarse ‘cateos’, porque no es una acción judicial, no hay una determinación previa, sin embargo, en estados como Sinaloa se han convertido en un hecho cotidiano y de carácter común, así las fuerzas de seguridad entran de una manera agresiva lo que se convierte en una violación sistemática de derechos humanos”, declara Aguirre Meza.

Para las familias de víctimas que han denunciado abusos militares, el que diputados y senadores hayan legislado a favor de los cateos e intervenciones telefónicas militares, aseguran los deja en un “grave estado de indefensión”, ya que si antes “denunciábamos este tipo de actos violentos hacia nosotros y nos protegían, ahora será un derechos agredirnos física, psicológica y hasta sexualmente”, afirmó a Revolución TRESPUNTOCERO un familiar de uno de cuatro jóvenes acusados de secuestro y torturados para declararse culpables.

El suceso de los ‘4 de Rosarito’, es un caso de tortura que se convirtió en inédito e histórico, luego que, como lo informó anteriormente Revolución TRESPUNTOCERO, la ONU condenara a México por tortura cometida por el ejército contra cuatro jóvenes; siendo algunos de ellos detenidos en forma arbitraria, derivado de un cateo militar a un domicilio particular. “Por la mañana aquel 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villareal y Rodrigo Ramírez Martínez, estaban dentro de un departamento cuando fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Playas de Rosarito, Baja California, sin que los elementos tuvieran una orden de detención o presentación.

Ahí mismo, los militares comenzaron a torturarlos, propinándoles una golpiza, asfixia con bolsa de plástico y descargas eléctricas en los genitales”, narró a Revolución TRESPUNTOCERO Mayra López, hermana de Ramiro. Uniéndose a la preocupación de la reciente legislación donde se permitirán los cateos, y es que aun cuando las autoridades presentan un escenario donde los elementos de la milicia tocaran la puerta, presentaran una orden y procederán a entrar en el domicilio, de forma ordenada, la experiencia de las víctimas y familiares es una totalmente distinta, puesto que después de estas escenas violentas sigue la tortura, imputación de falsos delitos e incluso ejecuciones extrajudiciales, se afirma.

En tanto, Lucía Chávez, Coordinadora del área de Investigación de la CMDPDH, comenta sobre el tema a Revolución TRESPUNTOCERO que “sabiendo que los cateos existían desde hace ya varios años, lo que provoca la reforma al código militar de procedimientos penales es darles mayor validez y ajustarlos a un sistema procesal de tipo acusatorio, el cual va aplicarse en toda la República a partir de julio.

El problema más grande que encontramos es que estas reformas no se ha ajustado aún a los estándares de una correcta administración de justicia, por lo que al validar la jurisdicción militar, pueden formar parte abiertamente de cuestiones de particulares, como lo son los cateos domiciliares de civiles, lo cual es igual de preocupante como lo es la intervención de comunicaciones, ya que se amplía la esfera de actuación de los militares todavía más, en cuestiones de población”.

Lo que, según afirma, podría incrementar las afectaciones a la ciudadanía, ya que desde que los calificados cateos existen, “en muchos de los casos, que nosotros como organismo de defensa de derechos humanos hemos conocido y dado acompañamiento, sabemos que dichas acciones involucran tortura y precisamente las víctimas son personas que fueron detenidas por elementos militares, y que fueron sacadas de sus domicilios particulares”, agrega Chávez.

Aguirre Meza asegura que “los militares allanan la morada, violentan a quienes se encuentran dentro de ésta, aun cuando era una inminente violación a los derechos humanos, y ahora la ley estará de parte de estos elementos, simplemente una decisión grave por parte del legislativo que está legitimando dichas acciones.

A esto se suma que antes de la reciente legislación muy poca gente se animaba a denunciar dichos allanamientos disfrazados de ‘cateos’, porque aun cuando en la mayoría de los casos los elementos de las fuerza de seguridad no han encontrado absolutamente ningún tipo de drogas o pruebas que demuestren que se está cometiendo algún tipo de delito, los elementos de Marina, ejército y fuerzas policiacas amenazan a los habitantes para que no den a conocer los hechos ante organismos de derechos humanos, ni ante la opinión pública, incluso como medida de protección para estos elementos, se quedan con los datos personales de quienes ahí viven”.

El defensor de Derechos Humanos, explica que luego de los cateos los militares les piden los nombres a los civiles, así como sus credenciales de elector las cuales se llevan consigo, lo que de manera inminente provoca el miedo de los afectados, y por esto mucho menos denunciarán, puesto que asumen que ya están siendo vigilados de manera permanente.

“Es por ello que hoy existe una gran preocupación derivada de las acciones del poder legislativo, sin embargo apelamos como defensores de derechos humanos a que el poder judicial inste a que los legisladores den marcha atrás, porque además, sabemos que los organismos internacionales están pendientes de dicha situación, ya que hablamos de una ley violatoria completamente en materia de derechos humanos internacionales”, argumenta Aguirre Meza.

Silvia A. familiar de un joven desaparecido en Chihuahua hace casi dos años, quien recibió hostigamiento en su domicilio por parte de estos elementos, asegura a este medio que “desde hace mucho tiempo en ciertas comunidades de nuestro estado los militares entran a las casas, se llevan comida, destrozan nuestras pertenencias, pero las que tienen un poquito de valor, como teléfonos, aparatos de música y hasta televisiones se los llevan, son el motín de guerra, donde nosotros somos los vencidos, somos los enemigos.

Lo que hicieron los legisladores es proteger aún más a los militares y marinos, que si antes ya estaban bastante libres para entrar a los hogares de inocentes, ahora con mayor frecuencia llegarán y nos violentarán, aunque nosotros demos testimonios y presentemos pruebas de la forma en que llegaron, si antes no valía, ahora menos y todavía antes podíamos argumentar que era un delito, esperando que la CNDH retomara el caso, pero ahora dirán que ‘todo fue legal’”.

“Hasta este momento la CNDH parece no haber tomado en cuenta la gravedad de la aprobación de dicha ley, porque no ha habido ningún pronunciamiento donde se oponga o inste a que se dé marcha atrás, y es que dicho organismo se ha quedado muy corto en su desempeño de defensa, en nuestro caso, hemos pedido que alguna comisión de ese órgano esté permanentemente en ciertas zonas de Sinaloa, luego de la violación de derechos humanos sistemática de autoridades federales y militares, en contra de la población; sin embargo, ha hecho caso omiso, no nos ha tomado en cuenta”.

“Hemos denunciado de manera constante estos allanamientos de morada, la cual es una práctica recurrente, además que en muchas ocasiones ha derivado en actos de desapariciones y ejecuciones, pero tampoco ha existido un apoyo puntual”, asegura Aguirre Meza.

Puntualiza que desde que el ejército salió a las calles y comenzó participar en operativos, se convirtió en una situación cotidiana y sistemática la práctica de los cateos, “incluso tuvimos momentos en años recientes, donde hubieron de 15 a 20 casos diarios, pero nunca se consiguió que las autoridades correspondientes encausaran estos hechos y hubiera un resarcimiento de los daños, mucho menos se detuvo la situación, que ha generado principalmente detenciones arbitrarias”, las cuales podrían volver a intensificarse luego de la votación en Cámaras.

Un caso más, documentado por Revolución TRESPUNTOCERO, fueron los ataques a la sociedad civil por parte de marinos en Tamazula, Durango, donde derivado de supuestos operativos en busca de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, los habitantes denunciaron que los elementos catearon viviendas y luego fueron quemadas, incendiando en muchos casos automóviles y llevándose de las casas aparatos electrodomésticos, electrónicos, comida y dinero, lo cual fue documentado por organismos defensores de derechos humanos, que al mismo tiempo sirvieron de mediadores para que un gran número de familias se desplazaran a municipios cercanos, por temor a la violencia que había provocado la Marina.

Para Chávez, resulta incomprensible que pese a existir varias recomendaciones derivadas de acciones donde elementos militares realizan cateos (violentos) sin una orden de presentación, ni de aprehensión, sacan a las personas de sus casas, de secretarías o instituciones gubernamentales para hacerlas pasar como responsables de algún delito, ahora también serán avaladas por la ley, cuando hasta hace unos meses eran consideradas violaciones a derechos humanos.

A su vez, afirma que “en cuanto a la tarea que están realizando los elementos militares relacionadas con el tema de la seguridad pública, también es una preocupación constante de las organizaciones, las cuales hemos promovido que los elementos no sean quienes practiquen este tipo de acciones, incluidos los cateos, por el contrario, definitivamente deberíamos comenzar a pensar en un retiro paulatino de las fuerzas armadas y no darles más funciones.

Sin embargo, en contraposición, un caso grave es que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, haya permitido que ahora el C4 en Michoacán sea monitoreado por los militares, ese es un gravísimo ejemplo, porque es extender la esfera de actuación de estos elementos hacia cuestiones civiles; serán entonces los militares quienes van a investigar qué está haciendo un ciudadano, lo que podría generar persecución y cateos con libertad, sabiendo de antemano que con frecuencia va en aumento la tasa de abusos cometidos por soldados”.

Chávez puntualiza que mientras no se tenga claro que la administración de justicia militar sólo debería encargarse de temas que incumben a los militares y no ha delitos comunes, va a seguirse generando distintos abusos a la sociedad civil, ya que además no se garantiza la imparcialidad y mucho menos el respeto a los derechos humanos, al momento de investigar.

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